Recursos públicos destinados a seguridad y al sistema penitenciario de Nuevo León quedaron bajo escrutinio luego de que investigaciones derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 identificaran operaciones financieras que habrían llevado parte del dinero hasta Firma Jurídica y Fiscal, despacho relacionado con el gobernador Samuel García Sepúlveda y su familia.
Uno de los movimientos señalados involucra a TXAT Latam, empresa que obtuvo contratos del Gobierno estatal por al menos 440 millones de pesos. Los acuerdos contemplaban el suministro de artículos como chalecos antibalas, radios portátiles y uniformes para personas internas en centros penitenciarios, entre otros productos relacionados con las tareas de seguridad pública.
La revisión del recorrido de esos recursos apunta a que al menos 60.4 millones de pesoshabrían llegado posteriormente a Firma Jurídica y Fiscal mediante operaciones realizadas a través de empresas intermediarias y una consultora legal. El señalamiento se concentra en la ruta seguida por el dinero después de que TXAT Latam recibió los pagos gubernamentales, sin que hasta ahora exista una resolución judicial que establezca responsabilidades penales por esas transferencias.
El caso forma parte de una investigación de mayor alcance relacionada con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Durante la presentación de resultados correspondientes a la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, el auditor superior Aureliano Hernández informó sobre esquemas de triangulación mediante contratistas, constructoras y proveedores vinculados con recursos públicos de Nuevo León.
Las operaciones examinadas alcanzarían en conjunto al menos 728.13 millones de pesos que, de acuerdo con los señalamientos presentados, terminaron en cuentas relacionadas con el despacho jurídico. Los 60.4 millones vinculados con TXAT Latam forman parte de esa cantidad, por lo que no constituyen un monto adicional. Las investigaciones buscan determinar la justificación de las transferencias, los servicios que presuntamente las respaldaron y la identidad de todos los beneficiarios.
La revisión adquiere particular relevancia porque parte de los recursos analizados tenía como destino original áreas sensibles de seguridad pública y centros penitenciarios. Corresponderá a las autoridades fiscalizadoras y, en su caso, a las instancias administrativas o judiciales competentes determinar si las operaciones constituyeron irregularidades y establecer eventuales responsabilidades entre funcionarios, proveedores e intermediarios involucrados.